Intopress Caracas.- Para la diputada al Parlatino, Delsa Solórzano, la decisión de la ministra para Servicios Penitenciarios Iris Varela, de suspender el envío de presos a las cárceles es una “barbaridad constitucional” ya que “el principio general de juzgamiento en libertad, no es para todos los delitos, sólo aquellos cuya pena no excede de 3 años”.
Explicó que se excluyen de la norma delitos graves como homicidio, robo o violación y que esas excepciones están establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
La abogada Solórzano se preguntó qué se hace si detienen por ejemplo hoy a los que asesinaron a los pasajeros de Expresos Los Llanos: ¿Cuál es la actuación si detienen a un fugado del rodeo?
En todo caso, consideró que la medida tiene que venir de la DEM y no del Ministerio, porque esa NO es su competencia, sería ordenar el estricto cumplimiento del 250 del COPP, “no decretar esa especie de amnistía que decretó inconstitucionalmente fuera de sus funciones. La ministra NO tiene competencias jurisdiccionales. Lo que está haciendo es una barbaridad constitucional”.
La diputada estima que “lo que va a ocurrir es que los que agarren así los van a enviar a Cicpc o a policías regionales, ellos no tienen presupuesto, por ejemplo, para alimentación”.
Explicó que se excluyen de la norma delitos graves como homicidio, robo o violación y que esas excepciones están establecidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
La abogada Solórzano se preguntó qué se hace si detienen por ejemplo hoy a los que asesinaron a los pasajeros de Expresos Los Llanos: ¿Cuál es la actuación si detienen a un fugado del rodeo?
En todo caso, consideró que la medida tiene que venir de la DEM y no del Ministerio, porque esa NO es su competencia, sería ordenar el estricto cumplimiento del 250 del COPP, “no decretar esa especie de amnistía que decretó inconstitucionalmente fuera de sus funciones. La ministra NO tiene competencias jurisdiccionales. Lo que está haciendo es una barbaridad constitucional”.
La diputada estima que “lo que va a ocurrir es que los que agarren así los van a enviar a Cicpc o a policías regionales, ellos no tienen presupuesto, por ejemplo, para alimentación”.
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